Siguiendo con la serie dedicada a los dilemas del Gobierno 2.0, hoy le toca el turno a la transparencia, uno de los tres pilares fundamentales de la apertura administrativa. Consiste básicamente en mostrar públicamente lo que hay detrás de un Ejecutivo, con el fin de que los ciudadanos puedan conocer mejor su actividad y realidad y, por tanto, ejercitar mejor su derecho a la participación.

Obviamente, la transparencia deriva en crítica, una labor que tradicionalmente han ejercido los medios de comunicación, convertidos en auténtico intermediario entre sociedad y política. Sólo los periodistas podían acceder a las notas de prensa y a la información institucional y, por tanto, sólo ellos podían hablar de lo que ocurría en los gobiernos. De ahí que medios y politicos hayan tenido tradicionalmente una relación muy estrecha y fluida, con hitos cercanos como la campaña de acoso y derribo a Felipe González por parte de Pedrojota Ramírez.
La transparencia en la Web 2.0 es distinta. Por una parte, el intermediario periodístico ha perdido su monopolio. Hoy cualquier ciudadano puede acceder a información institucional y hablar de ella en su blog. Otra cosa es que lo haga y ahí se produce el primer dilema: la transparencia no genera necesariamente mayor participación ciudadana. La mayor parte de los bloggers hablan de gadgets. La política les aburre. Y como consecuencia, el monopolio de los periodistas sigue en vigor por la fuerza de los hechos.
Una cosa es tener datos y otra es aprovecharlos para elaborar informaciones de valor. Esto necesita tiempo y trabajo, eso que antes se denominaba «periodismo de investigación». Los periodistas ciudadanos rara vez realizan esta labor. Los buenos «infomediarios» siguen formando parte de las redacciones de los medios de comunicación, cobrando su nómina de una empresa que les marca la dirección en la que deben encaminar esa «investigación».
Pero la transparencia produce otro dilema mucho más difícil de gestionar. Una gran parte de la información que gestionan los «periodistas de investigación» proviene de fuentes «no oficiales». Me refiero a los «dossieres» y otros trabajos cocinados por agencias especializadas o incluso por centros de espionaje. Eso está a la orden del día en todos los países. El periodista recibe un trabajo ya hecho y que persigue un objetivo muy concreto.
Esto es así porque la transparencia no es completa. Y no lo es porque a los políticos no les interesa que lo sea. Son conscientes de que la información es poder y que soltarla sin más, en el fondo les debilita. La apertura de datos se puede volver contra ellos. Por ejemplo, si el Gobierno Vasco hace públicos todos los datos de la contratación pública, cualquier persona podrá analizarla a fondo para sacar conclusiones que vayan contra el propio Ejecutivo. De ahí que la transparencia se haga con cuentagotas.
Por esa misma razón, yo estoy convencido de que es aquí donde realmente podemos fabricar gobiernos abiertos. Sólo si sueltan todos sus datos, podremos los ciudadanos ejercer una auténtica labor de fiscalización de su actividad. La misma que algunos ya estamos haciendo a día de hoy con las respuestas que el Gobierno Vasco tiene que dar en el Parlamento Vasco y que, desde hace unos diez años, están disponibles para todos merced al servicio Zabalik.
Esto no es nuevo. Yo recuerdo en los noventa a gente que pedía insistentemente que los boletines oficiales se publicaran en la Red. Hasta entonces eran documentos de pago, inaccesibles para el común de los mortales. Esta barrera se ha roto hace ya tiempo. Algo parecido ha ocurrido con la información del registro mercantil. Aunque sigue siendo necesario pagar por ella, es fácilmente accesible a través de Internet.
Si se miran las cosas con la perspectiva que da el tiempo, hay que reconocer que los gobiernos se están abriendo como consecuencia de la mayor transparencia que poco a poco van creando. Este proceso no se está haciendo sin tensiones. En todos los gobiernos hay personas que lideran el cambio y otros que prefieren mantener la oscuridad anterior, en la que tan bien se movían. Afortunadamente, van ganando los primeros
Al mismo tiempo, se está produciendo un interesante choque de intereses entre periodistas e informáticos. Los segundos son los que se llevan los mayores beneficios de estos procesos, en la medida en que cobran por desarrollar el software necesario para abrir los datos. Y los primeros, los periodistas, están sufriendo en primera línea el brutal descenso de la publicidad, que generaba la mayor parte de los ingresos de los medios que les empleaban.
Si periódicos, radios y televisiones dejan de ser intermediarios entre ciudadanos y políticos, ¿desaparecerán los periodistas? Yo estoy convencido de que no será así. Las herramientas que construyen los informáticos permiten la apertura, pero la consolidación de este proceso sólo puede venir de la mano de profesionales que sean capaz de analizar esta nueva información.
¿Y cómo se financiará su labor? De la publicidad está claro que no. De las cuotas de suscriptores en España tampoco. Así que sólo queda una solución: si queremos una sociedad realmente democrática y un gobierno abierto que realmente funcione como tal, será necesario subvencionar con el presupuesto público la actividad de los periodistas. Así que menos televisiones oficiales y más dinero para pagar a los profesionales que utilicen el Open Data.